Ciudadanía por inversión en Vanuatu

El proceso empieza con el agente, no con el gobierno. Un agente designado, que según el reglamento de 2019 debe ser ciudadano de Vanuatu con oficina registrada en Port Vila, envía el pasaporte del solicitante, el certificado de antecedentes penales y otros documentos a la Unidad de Inteligencia Financiera para la debida diligencia. Solo después de un resultado limpio pasa el expediente a la Citizenship Office, a un comité de selección y, por último, a la Citizenship Commission.

El pago se hace por etapas. El reglamento del DSP de 2019 exige el 25% del monto establecido antes de que la Commission examine el expediente y el 75% restante antes de que se emita el certificado, y el primer pago se pierde si la solicitud es rechazada. La página de tarifas de la Citizenship Office describe la tarifa de ciudadanía como pagadera después de la aprobación, así que confirme el orden vigente con su agente. Una vez que la Commission aprueba y se paga el saldo, el reglamento exige que el certificado se emita en un plazo de 90 días.

Los montos del DSP fijados por el gobierno son USD 130,000 para un solicitante individual, USD 150,000 para un matrimonio, USD 165,000 con un hijo menor de 18 años y USD 180,000 con dos, más USD 10,000 por cada solicitante adicional. El CIIP es la alternativa vinculada a una inversión: parte del pago adquiere una participación de USD 50,000 en un sector nacional aprobado, y la Commission afirma que supervisa esa inversión y puede revocar la ciudadanía por incumplimiento.

Los solicitantes de países incluidos en la lista restringida del gobierno solo pueden ser considerados si no han vivido allí en los últimos cinco años y tienen residencia permanente en otro país. La Commission también ha revocado ciudadanías que, según constató, se otorgaron al margen de la ley, por lo que una declaración exacta es importante.

La Citizenship Act de Vanuatu prevé la doble ciudadanía, pero su país actual puede retirarle su nacionalidad cuando usted adquiere voluntariamente otra, así que compruebe primero las normas de su país. Los agentes designados preparan y presentan el expediente, y abogados calificados deben asesorarlo sobre las consecuencias legales y fiscales antes de firmar.