Glosario

Los nominees se usan por privacidad en registros públicos, para cumplir requisitos locales sobre administradores o por comodidad administrativa. No cambian quién es el beneficiario final: los registros de titularidad real y el KYC de cada banco recogen al verdadero propietario que hay detrás.

Un administrador nominal que solo firma lo que decide el propietario puede, además, trasladar la sede de dirección efectiva de la sociedad al país del propietario, con consecuencias fiscales. Los bancos consideran una señal de alarma los acuerdos con nominees no declarados.

En las Islas Vírgenes Británicas toda sociedad debe tener un agente registrado con licencia, que conserva sus registros, presenta ante el Registrador su registro de socios y la información de titularidad real y recibe su declaración financiera anual en los nueve meses siguientes al cierre del ejercicio. Las exempted companies de las Islas Caimán también usan un proveedor con licencia para su domicilio social.

En Estados Unidos, cada estado exige que una LLC designe un agente registrado con dirección en ese estado para recibir notificaciones judiciales. Si el agente renuncia o no se le paga, la sociedad puede perder su situación de cumplimiento (good standing), algo que los bancos detectan.

La apostilla la emite una autoridad designada del país donde se expidió el documento y sustituye la cadena más larga de legalización consular. Confirma la firma y el sello, no el contenido, y los países que no forman parte del convenio siguen exigiendo legalización.

Los expedientes de residencia y ciudadanía dependen de ella. Paraguay exige que cada documento del registro civil esté expedido, apostillado y sea coherente antes de presentar la solicitud, y Panamá pide un certificado de antecedentes penales apostillado con traducción al español. Algunos documentos solo se aceptan si son recientes, así que el orden de los pasos importa.

Una transferencia internacional suele pasar por uno o varios bancos corresponsales o intermediarios, cada uno de los cuales revisa el pago y puede descontar una comisión. Los pagos en dólares estadounidenses, por ejemplo, se liquidan en general a través de bancos con cuentas en dólares en Estados Unidos.

Los bancos corresponsales aplican sus propias reglas de riesgo además de las del banco emisor. Por eso un pago puede retrasarse o devolverse aunque su propio banco haya aceptado al cliente, y por eso los bancos de centros financieros pequeños son prudentes con clientes que podrían poner en riesgo esas relaciones.

Las normas contra el lavado de dinero obligan a los bancos, a los agentes de constitución y a muchos registros a identificar al beneficiario final: normalmente, cualquier persona con el 25% o más de las acciones o de los votos, o que controle la entidad por otros medios. Cuando nadie alcanza ese umbral, se suele registrar en su lugar a un alto directivo.

Cuente con que todo banco y toda entidad de pago le pidan un organigrama de propiedad hasta llegar a las personas físicas, con documentos de identidad y comprobante de domicilio de cada beneficiario final. Los acuerdos con accionistas o administradores nominales (nominees) no cambian quién es el beneficiario final, y ocultar a uno es motivo para que un banco rechace o cierre una cuenta.

Las BVI no aplican impuesto sobre la renta de sociedades ni sobre ganancias de capital a estas sociedades. Desde el 2 de enero de 2025, cada sociedad comunica al Registrador sus beneficiarios finales con el 10% o más, fuera de la vista del público, y presenta ante su agente registrado una declaración financiera anual en los nueve meses siguientes al cierre del ejercicio.

Las sociedades con una actividad relevante, como tenencia, financiación y arrendamiento, sede central o propiedad intelectual, deben superar la prueba de sustancia económica e informar en los seis meses siguientes a cada ejercicio. A octubre de 2026, las BVI figuran en el anexo II de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas, no en el anexo I.

Los programas consolidados están en el Caribe, con San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Granada, Santa Lucía y Dominica, junto a unos pocos más, como Turquía y Vanuatu. Los solicitantes suelen elegir entre una contribución a un fondo gubernamental y una inversión aprobada, como bienes inmuebles, y a menudo pueden incluir a familiares cercanos.

Todos los programas examinan a los solicitantes y a sus familiares, y la aprobación nunca está garantizada. Un segundo pasaporte puede aportar libertad de viaje y un plan B, pero no cambia dónde paga usted impuestos: eso depende de dónde vive.

El KYC suele implicar pasaporte, comprobante de domicilio, finalidad de la cuenta, volúmenes y países previstos y origen de los fondos. El KYB (conozca a su empresa) añade los documentos de la sociedad, el organigrama de propiedad, la actividad, las licencias y las personas que la controlan, hasta cada beneficiario final.

El KYC no es un trámite único: los bancos lo actualizan periódicamente y cuando cambia la actividad, y un cambio no explicado en volúmenes o contrapartes puede provocar nuevas preguntas o una revisión de la cuenta.

La mayoría de los convenios siguen el modelo de la OCDE. Determinan qué país puede gravar los beneficios empresariales, los dividendos, los intereses, los cánones, las pensiones y las ganancias, limitan las retenciones y obligan al país de residencia a eliminar la doble imposición mediante exención o crédito.

Cuando ambos países consideran residente a una persona, se aplican las reglas de desempate en este orden: vivienda permanente, centro de intereses vitales (donde los vínculos personales y económicos son más estrechos), residencia habitual y, por último, nacionalidad. Los beneficios del convenio suelen exigir un certificado de residencia fiscal, y las normas antiabuso los deniegan a estructuras sin sustancia.

Las entidades de dinero electrónico ofrecen la mayoría de las cuentas multidivisa, y los bancos tradicionales las ofrecen a clientes más grandes. Los datos locales, como un sort code británico, un IBAN de la zona euro o un routing number estadounidense, permiten a los clientes pagar como si fuera una transferencia nacional, lo que reduce costes y acelera los cobros.

Los proveedores siguen aplicando un KYC completo, y algunas divisas o países pueden estar restringidos para determinados sectores. La sede jurídica de la cuenta determina qué protección de depósitos se aplica, si la hay.

La diligencia reforzada suele implicar la aprobación de la alta dirección, un origen del patrimonio y de los fondos documentado, un seguimiento más estrecho de las operaciones y revisiones más frecuentes. Las leyes contra el blanqueo de capitales la exigen en casos definidos, y las entidades añaden sus propios indicadores de riesgo, como determinados sectores o acuerdos con nominees.

Estar sujeto a diligencia reforzada no es un rechazo. Significa más documentos y un onboarding más largo, así que los expedientes que explican desde el principio la estructura, la propiedad y los flujos de dinero avanzan más rápido.

La decisión se adopta en un plazo de 30 días, la tarjeta puede recogerse en un punto de entrega entre dos y cinco semanas después y la identidad digital es válida durante cinco años.

La e-Residency no permite viajar sin visado ni cambia dónde paga usted el impuesto sobre la renta. La sociedad que permite dirigir es una OÜ estonia, que necesita una dirección legal en Estonia o una persona de contacto con licencia, y su situación fiscal depende de dónde se dirija realmente.

Las EMI mantienen los fondos de los clientes en cuentas de salvaguarda, no como depósitos, por lo que no están cubiertas por el seguro de depósitos bancarios ni ofrecen préstamos. A cambio, suelen completar con más rapidez el onboarding de empresas internacionales, admiten muchas divisas y se conectan a sistemas de pago modernos.

Para muchos fundadores, una EMI es la primera cuenta operativa, y más adelante se añade un banco tradicional para saldos mayores o crédito. Nuestra red incluye EMI junto a bancos; cuál conviene depende de su sector, sus divisas y los países con los que opera.

Es la clasificación por defecto de una LLC con un solo propietario, salvo que opte por tributar como corporation. La LLC no es un contribuyente separado: que surja impuesto en EE. UU. depende de si el propietario obtiene rentas de fuente estadounidense o efectivamente vinculadas (effectively connected income), lo que no ocurre en muchos propietarios extranjeros que atienden a clientes desde el extranjero.

No considerada no significa invisible. Una entidad no considerada con propietario extranjero debe seguir presentando cada año el Form 5472 con un Form 1120 pro forma, por fax o correo, y el país de residencia del propietario suele gravar los beneficios como renta propia de este.

La EOOD se inscribe en el Registro Mercantil de la Agencia de Registro. Desde el 1 de enero de 2026, el capital mínimo es de €1 y las nuevas inscripciones se resuelven a más tardar al final del siguiente día hábil. La variante con dos o más socios se denomina OOD.

Bulgaria grava los beneficios societarios al 10% y los dividendos pagados a personas físicas al 5%. Combinada con la residencia personal en Bulgaria, donde el impuesto sobre la renta es un tipo único del 10%, es un modelo habitual para servicios en línea, consultoría y negocios de exportación, siempre que la sociedad se dirija realmente desde Bulgaria.

Los convenios fiscales definen el concepto: normalmente una oficina, una sucursal, un taller o una persona que concluye habitualmente contratos en nombre de la sociedad. Si existe un establecimiento permanente, el país donde se encuentra puede gravar los beneficios atribuibles, aunque la sociedad sea residente en otro lugar.

Para los fundadores, el riesgo habitual es dirigir una sociedad extranjera desde casa. Una sociedad estonia dirigida desde otro país, por ejemplo, probablemente tendrá allí un establecimiento permanente, y el impuesto estadounidense pasa a ser relevante cuando se desarrolla actividad en Estados Unidos a través de personas, agentes dependientes o instalaciones.

Con el CRS, una institución financiera identifica dónde tiene su residencia fiscal cada titular de cuenta, y cada persona que controla una sociedad, y comunica una vez al año los saldos, intereses, dividendos e ingresos por ventas. Las autoridades intercambian esos informes automáticamente con los países correspondientes. La mayoría de los centros financieros participan; Estados Unidos aplica en su lugar su propio régimen, FATCA.

En la práctica, el CRS puso fin al secreto bancario tradicional a efectos fiscales. Al abrir una cuenta, usted firma una autocertificación de su residencia fiscal, y el banco informa sobre esa base. Una estructura que solo funciona si nadie se entera no funciona.

Una exempted company puede obtener un compromiso de que ningún impuesto de las Islas Caimán se le aplicará durante un máximo de 30 años desde su aprobación. Es el vehículo habitual de los fondos de inversión y suele acompañar a una sociedad de las BVI en las estructuras de fondos.

Los beneficiarios finales con el 25% o más constan en virtud de la Beneficial Ownership Transparency Act, en vigor desde el 31 de julio de 2024; las entidades con una actividad relevante presentan una declaración de sustancia económica en los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio; y las Islas Caimán no figuran en la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas desde el 6 de octubre de 2020.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) data de 2010 y funciona en gran parte mediante acuerdos intergubernamentales: los bancos comunican las cuentas de personas estadounidenses directamente al IRS o a través de su propia autoridad fiscal. Las entidades que no cumplen sufren una retención del 30% sobre determinados pagos de fuente estadounidense; por eso los bancos de todo el mundo preguntan si usted es una persona estadounidense.

Son personas estadounidenses también los ciudadanos y titulares de green card que viven en el extranjero, y las sociedades con propietarios estadounidenses también pueden ser objeto de comunicación. FATCA es el equivalente estadounidense del Estándar Común de Reporte, en el que Estados Unidos no participa.

Las operaciones declarables incluyen aportaciones de capital, préstamos, pagos y distribuciones entre la LLC y su propietario extranjero. La declaración se debe presentar aunque no haya impuesto que pagar, y las entidades no consideradas con propietario extranjero no pueden presentarla electrónicamente: se envía por fax o correo.

La sanción por no presentarla es de USD 25,000 por cada incumplimiento, lo que la convierte en la declaración más cara que una LLC pequeña puede olvidar.

Los programas de golden visa fijan una vía y un importe de inversión, y conceden un permiso de residencia renovable al inversor y, a menudo, a su familia. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, conceden una golden visa de 10 años a los inversores inmobiliarios que cumplen los requisitos. Varios programas europeos han restringido o cerrado sus vías inmobiliarias en los últimos años, así que las opciones cambian a menudo.

Una golden visa da derecho a vivir en un país; por sí sola no le convierte en residente fiscal allí ni le da un pasaporte. Algunos programas pueden llevar a la ciudadanía tras años de residencia, según las normas ordinarias de naturalización.

Un IBAN empieza con un código de país de dos letras y dos dígitos de control, seguidos del número de cuenta nacional. Es obligatorio para los pagos en euros dentro de la zona SEPA y se usa en muchos otros países; Estados Unidos, por ejemplo, no utiliza IBAN.

El código SWIFT o BIC identifica al propio banco en las transferencias internacionales, mientras que el IBAN identifica la cuenta. Un IBAN emitido por una entidad de dinero electrónico funciona para los pagos como el de un banco, pero el dinero está salvaguardado en lugar de cubierto por el seguro de depósitos.

El IFICI, incentivo fiscal a la investigación científica y la innovación, sustituyó al régimen de residente no habitual (NHR), que se cerró a nuevos beneficiarios en 2024. También exime la mayoría de las rentas extranjeras, salvo las pensiones.

Está limitado a personas que no fueron residentes fiscales en Portugal en los cinco años anteriores y que trabajan en funciones o empresas elegibles, como investigación, start-ups y determinadas empresas exportadoras o de inversión. La mayoría de los jubilados y de los empleados en remoto quedan fuera.

El impuesto de salida trata los activos como si se vendieran el día de la salida, de modo que tributa la ganancia acumulada durante la residencia aunque no se haya vendido nada. En virtud de la Directiva contra la elusión fiscal, los Estados miembros de la UE deben aplicarlo a las sociedades que trasladan su residencia fiscal o transfieren activos fuera del país, normalmente con la opción de pagar a plazos.

Para las personas físicas, las reglas dependen del país que se abandona: algunos gravan las participaciones significativas y otros no tienen impuesto de salida. Esas reglas se aplican en el momento de la salida, por lo que forman parte de la planificación de cualquier traslado o redomiciliación.

Bulgaria grava la renta de las personas físicas a un tipo único del 10% (15% para los empresarios individuales) y Georgia a un tipo único del 20%, con exención de los ingresos de fuente extranjera de los residentes georgianos. Un tipo único hace previsible el impuesto, pero no dice nada sobre qué tributa, así que la base imponible y las reglas de residencia pesan tanto como el tipo.

Los regímenes de cuota fija funcionan de otro modo: el régimen italiano para nuevos residentes cobra EUR 300,000 al año sobre la renta extranjera, más EUR 50,000 por familiar, y el régimen del artículo 5A de Grecia EUR 100,000 al año durante un máximo de 15 años, sujeto a una inversión de EUR 500,000 en Grecia.

El Consejo de la UE mantiene el anexo I, la lista propiamente dicha, y el anexo II, una lista de seguimiento de jurisdicciones con compromisos pendientes. Tras la actualización del 9 de octubre de 2026, las Islas Vírgenes Británicas figuran en el anexo II, no en el anexo I, y las Islas Caimán no figuran en la lista, de la que salieron el 6 de octubre de 2020.

Figurar en ella tiene consecuencias prácticas: los Estados miembros aplican medidas como retenciones más altas o la denegación de deducciones, Chipre retiene un 17% sobre los dividendos pagados a sociedades de jurisdicciones de la lista de la UE, y los bancos revisan con más rigor las jurisdicciones incluidas.

El domicilio es un concepto jurídico distinto de la residencia: a grandes rasgos, el país que una persona considera su hogar permanente. Se puede ser residente fiscal en un país sin estar domiciliado en él, y algunos países gravan con menos intensidad a estos residentes no domiciliados.

Chipre es hoy el ejemplo más conocido: los residentes fiscales no domiciliados en Chipre están exentos de su contribución especial para la defensa sobre dividendos e intereses, hasta que pasan a considerarse domiciliados tras una larga residencia. El Reino Unido sustituyó sus normas non-dom por un régimen basado en la residencia en abril de 2025. Cada régimen tiene sus propias condiciones, así que la etiqueta por sí sola dice poco.

La mayoría de los países con impuestos elevados tienen normas CFC, y los Estados miembros de la UE deben aplicarlas a las sociedades en virtud de la Directiva contra la elusión fiscal (ATAD). Los detalles varían: el umbral de control, qué se considera baja tributación y qué rentas quedan incluidas, a menudo rentas pasivas como intereses, cánones y dividendos.

Las normas CFC son la razón principal por la que una sociedad sin impuestos no reduce por sí sola la carga fiscal de su propietario. Los propietarios de sociedades de las BVI o de Estonia, por ejemplo, suelen tributar en su país de residencia, a menudo en virtud de estas normas, así que son las normas de ese país las que deciden el resultado.

El IRS asigna el EIN sin coste (USD 0). La solicitud en línea requiere un Social Security Number o un ITIN estadounidense; los propietarios que no lo tienen lo solicitan por teléfono, fax o correo, lo que tarda más.

Pese a su nombre, una sociedad necesita un EIN aunque no tenga empleados, y toda LLC unipersonal con propietario extranjero lo necesita para presentar el Form 5472.

Los bancos, los programas de ciudadanía y las operaciones inmobiliarias piden pruebas del origen de los fondos: extractos bancarios, contratos, acuerdos de reparto de dividendos, contratos de compraventa o declaraciones de impuestos que vinculen el dinero con su procedencia. Granada, por ejemplo, exige desde el 10 de noviembre de 2025 una declaración sobre el origen de los fondos en las solicitudes de ciudadanía.

El origen de los fondos es más concreto que el origen del patrimonio: se refiere a este dinero, mientras que el origen del patrimonio explica cómo la persona construyó su patrimonio total. Ambos deben ser coherentes entre sí y con el perfil del cliente.

La banca privada, los programas de ciudadanía y residencia y las revisiones de diligencia debida reforzada piden una explicación de cómo surgió el patrimonio, respaldada con documentos como cuentas auditadas, contratos de venta de empresas, registros de dividendos o declaraciones de impuestos. El programa de Santa Lucía, por ejemplo, exige declarar recursos financieros de al menos USD 350,000 mediante declaración jurada.

Las lagunas son el problema habitual: un patrimonio construido mediante una sociedad con poca documentación o un negocio en efectivo es difícil de acreditar años después. Una contabilidad ordenada y los registros de dividendos facilitan la respuesta cuando llega la pregunta.

El capital social mínimo es de un céntimo (€0.01), desembolsado antes del registro, y el Registro Mercantil revisa las solicitudes urgentes a más tardar el siguiente día hábil. Los beneficios distribuidos tributan a 22/78 del importe neto, equivalente al 22% de la distribución bruta; la subida al 24% prevista para 2026 se canceló.

Toda OÜ necesita una dirección legal en Estonia o una persona de contacto con licencia, presenta una memoria anual en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio y, cuando paga salarios o dividendos, una declaración TSD a más tardar el día 10 del mes siguiente.

Los plazos varían: Paraguay concede la residencia temporal por hasta dos años, prorrogable una vez por el mismo periodo; la de México dura hasta cuatro años; el primer permiso portugués es de dos años, seguido de renovaciones de tres. La mayoría de los permisos limitan el tiempo fuera del país y deben renovarse antes de su vencimiento.

El tiempo con un permiso temporal suele computar para la residencia permanente y, más adelante, para la naturalización. Un permiso de residencia y la residencia fiscal son cosas distintas: la residencia fiscal depende de los criterios propios de cada país.

Jefes de Estado, ministros, altos magistrados, parlamentarios, altos cargos de empresas públicas y embajadores son PEP típicas, en su propio país o en el extranjero. Los bancos cotejan a cada cliente y beneficiario final con bases de datos de PEP al inicio de la relación y periódicamente después.

La condición de PEP no excluye a nadie de la banca ni de los programas de inversión, pero implica diligencia reforzada, aprobación de nivel superior y un examen más atento del origen del patrimonio. Declararla desde el principio evita que aparezca después como una coincidencia sin explicar.

Las normas AML siguen los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y obligan a las entidades reguladas a identificar a clientes y beneficiarios finales, vigilar las operaciones, conservar registros y comunicar operaciones sospechosas a la unidad nacional de inteligencia financiera. Las entidades que incumplen se exponen a fuertes multas, lo que explica por qué sus controles pueden parecer estrictos.

También se evalúa a las jurisdicciones: la lista gris del GAFI recoge los países sometidos a seguimiento reforzado, y los bancos tratan con especial cuidado a las contrapartes situadas en ellos. Las Islas Caimán, por ejemplo, salieron de la lista gris el 27 de octubre de 2023.

Hong Kong solo grava los beneficios generados en Hong Kong o derivados de allí. Una reclamación offshore requiere pruebas de dónde se realizaron las actividades que generan el beneficio, como dónde se negociaron los contratos y se prestaron los servicios, y el Inland Revenue Department la revisa.

Muchos propietarios prefieren pagar el impuesto sobre beneficios en dos tramos, 8.25% sobre los primeros HK$2,000,000 y 16.5% por encima, porque el tipo es moderado y la posición es más fácil de explicar a los bancos. Los ingresos aceptados como offshore pueden seguir tributando en el país donde realmente se realiza el trabajo.

La redomiciliación, también llamada traslado internacional del domicilio social o continuación, lleva el registro de una sociedad a una nueva jurisdicción sin disolverla. La alternativa, cerrar la sociedad antigua y constituir una nueva, implica nuevos contratos, nuevas cuentas bancarias y a menudo un hecho imponible; por eso los fundadores a quienes una jurisdicción se les queda pequeña preguntan primero por la redomiciliación.

Solo funciona si la ley de la jurisdicción de origen permite que las sociedades salgan y la de destino permite que lleguen. Hong Kong, por ejemplo, abrió un régimen de entrada en 2025. Los bancos siguen tratando el traslado como un cambio que deben revisar: cuente con documentos actualizados y con preguntas sobre por qué se trasladó la sociedad.

Formalmente es el régimen especial para trabajadores desplazados a territorio español; el apodo viene del futbolista que se acogió a él. Por encima de EUR 600,000 el tipo es del 47%, las rentas del ahorro tributan del 19% al 30% y el impuesto sobre el patrimonio solo grava los bienes situados en España. Exige no haber sido residente en España en los cinco años anteriores al traslado.

La opción debe ejercerse en los seis meses siguientes a la fecha de inicio que consta en el alta en la Seguridad Social, mediante el modelo 149. Si se cumplen los requisitos depende del tipo de actividad, y lo comprueba la Agencia Tributaria.

Los umbrales y el acceso varían. Las Islas Vírgenes Británicas exigen desde el 2 de enero de 2025 declarar a los propietarios del 10% o más, fuera de la vista del público, con acceso por interés legítimo a los propietarios del 25% o más desde el 1 de abril de 2026. Las Islas Caimán aplican un umbral del 25% en virtud de su Beneficial Ownership Transparency Act, en vigor desde el 31 de julio de 2024, y en el Reino Unido las personas con control significativo constan en Companies House.

Las sociedades constituidas en EE. UU. ya no presentan informes federales de titularidad real, según una norma definitiva de FinCEN en vigor desde el 14 de agosto de 2026. Una inscripción en el registro nunca sustituye las comprobaciones del banco: los bancos siguen identificando por sí mismos a cada beneficiario final, y una discrepancia entre el registro y el expediente del banco plantea preguntas.

Cada país cuenta los días a su manera. España y Uruguay miran si se superan los 183 días en un año natural; Georgia y los Emiratos Árabes Unidos cuentan 183 días en cualquier periodo de 12 meses, y Grecia más de 183 días en cualquier periodo de 12 meses. Los días parciales, las ausencias cortas y el ejercicio fiscal aplicable influyen.

El recuento de días rara vez es el único criterio. Una vivienda permanente, la familia o el núcleo principal de intereses económicos pueden convertirle en residente con menos días, y algunos países ofrecen vías más cortas, como la regla de los 60 días de Chipre o el criterio de 90 días de los Emiratos para titulares de un permiso de residencia con vivienda o trabajo allí. Pasar menos de 183 días en un lugar no pone fin por sí solo a su residencia en otro país.

Para las personas físicas, muchos países aplican un recuento de días, a menudo 183 días al año, junto con criterios como una vivienda permanente, los vínculos familiares o el lugar donde se encuentran sus intereses económicos. Algunos países ofrecen vías más cortas, como la regla de los 60 días de Chipre, siempre que se cumplan todas las condiciones. La residencia fiscal es distinta de un permiso de residencia o de un pasaporte.

Para las sociedades, la residencia fiscal suele seguir el lugar de constitución o el lugar de dirección efectiva. Cuando dos países reclaman a la misma persona o sociedad, un convenio para evitar la doble imposición decide cuál prevalece. Los bancos le preguntan por su residencia fiscal en virtud del Estándar Común de Reporte, así que debe ser exacta.

Exige el 400% del IPREM al mes para el solicitante principal, más el 100% por cada familiar, y un seguro médico con una aseguradora autorizada en España; con el IPREM de 2026, de EUR 600 al mes, son EUR 2,400 al mes. El primer permiso dura un año, las renovaciones dos años, y cada renovación exige más de 183 días al año en España.

El visado D7 de Portugal es el equivalente más cercano, con un umbral de EUR 920 al mes para el solicitante principal en 2026. Vivir en cualquiera de los dos países con un permiso así suele convertirle en residente fiscal allí, con tributación por la renta mundial.

Las vías varían: México la concede tras cuatro años de residencia temporal, Portugal tras cinco años con un nivel básico de portugués (A2), y en España la residencia de larga duración llega tras cinco años de residencia legal continuada. La vía de Países Amigos de Panamá tiene una fase provisional de dos años antes de la residencia permanente, y el Malta Permanent Residence Programme la concede directamente a cambio de una inversión.

La residencia permanente puede perderse por ausencias prolongadas y no da un pasaporte. La naturalización sigue sus propias reglas y suele tardar más.

Los programas difieren en lo que conceden. El Malta Permanent Residence Programme otorga la residencia permanente a cambio de una contribución de EUR 37,000 y una vivienda que cumpla los requisitos; la golden visa griega es un permiso renovable de 5 años desde EUR 400,000 en inmuebles fuera de las zonas principales; y la vía de Inversionista Calificado de Panamá parte de USD 300,000 en inmuebles nuevos.

Los solicitantes suelen poder incluir a familiares como dependientes, normalmente el cónyuge y los hijos y a veces los padres, y cada solicitante pasa por la debida diligencia. La residencia por inversión da derecho a vivir en un país; la residencia fiscal y la ciudadanía siguen sus propias reglas.

Los tipos sobre dividendos varían mucho. Georgia retiene un 5%, Chipre en general un 0% sobre los dividendos pagados a no residentes (con excepciones para jurisdicciones de la lista de la UE y de baja tributación) y el Reino Unido nada sobre los dividendos ordinarios. Una vez que una sociedad estonia ha pagado su impuesto de sociedades de 22/78, Estonia no retiene nada más sobre los dividendos pagados a personas físicas no residentes.

Un convenio fiscal puede reducir el tipo, normalmente presentando un certificado de residencia fiscal. La retención suele ser deducible en el país de residencia del perceptor, pero solo hasta el impuesto que se adeude allí, por lo que influye en el coste total de una estructura.

En Hong Kong, un secretario persona física debe residir habitualmente en Hong Kong, y un secretario persona jurídica debe tener allí una oficina; un administrador único no puede ser también secretario. El secretario lleva los registros obligatorios, presenta las declaraciones anuales y los cambios ante el Companies Registry y redacta las actas.

Otras jurisdicciones son más flexibles: una private company británica, por ejemplo, no está obligada a nombrar secretario. Donde se exige, los fundadores no residentes suelen designar a un proveedor de servicios societarios con licencia.

Una sociedad constituida en un país puede pasar a ser residente fiscal en otro si su consejo se reúne y decide allí. Por eso, una sociedad constituida en una jurisdicción de baja tributación pero dirigida en el día a día desde el país de residencia del propietario suele tributar en ese país, con independencia de dónde esté registrada.

Otros países atienden primero a la constitución: una sociedad británica es residente en el Reino Unido según la sección 14 de la Corporation Tax Act 2009, y desde 2026 una sociedad constituida en Chipre es residente allí por defecto, salvo que un convenio fiscal disponga otra cosa. Cuando dos países reclaman la misma sociedad, decide la regla de desempate del convenio.

Por defecto, una LLC de un solo miembro es una entidad no considerada (disregarded entity) y una LLC con dos o más miembros tributa como sociedad de personas (partnership); cualquiera de ellas puede optar por tributar como corporation. Los fundadores no estadounidenses suelen constituir LLC en estados con un mantenimiento sencillo, como Wyoming, cuyo impuesto anual de licencia (annual report licence tax) parte de USD 60 al año.

El nombre designa otras cosas en otros lugares: una LLC georgiana, por ejemplo, es una sociedad ordinaria que tributa al 15% sobre los beneficios distribuidos. En el sentido estadounidense, la flexibilidad de la LLC conlleva declaraciones informativas anuales, como el Form 5472 para las LLC de un solo miembro con propietario extranjero.

Una Qualifying Free Zone Person paga un 0% sobre la renta cualificada y un 9% sobre el resto de la renta gravable, sin tramo exento para la parte no cualificada; un contribuyente ordinario paga un 0% sobre los primeros AED 375,000 y un 9% por encima. El tipo del 0% solo se aplica si se cumplen las condiciones, entre ellas una sustancia adecuada en la zona.

Las sociedades de zona franca obtienen su licencia de una zona concreta; las sociedades mainland son necesarias para vender directamente a clientes en los Emiratos, explotar comercios físicos o firmar muchos contratos locales. Ambos tipos pueden patrocinar visados de residencia para sus propietarios.

Las holdings separan el riesgo operativo de los beneficios acumulados, facilitan la venta o la entrada de inversores a nivel de grupo y pueden recibir dividendos de forma fiscalmente eficiente donde la ley los exime. Una sociedad chipriota, por ejemplo, recibe en general los dividendos exentos del impuesto sobre sociedades, y las BVI business companies se usan mucho como vehículos de tenencia neutrales.

Dónde se dirige la holding, y si tiene sustancia allí, determina dónde es residente fiscal y si se aplican los beneficios de los convenios. Varias jurisdicciones, entre ellas las BVI, incluyen la tenencia de participaciones entre las actividades relevantes de sus normas de sustancia económica.

El término es informal. Jurídicamente se trata, por ejemplo, de una BVI business company o de una exempted company de las Islas Caimán, que no pagan impuesto sobre sociedades en su jurisdicción. Se usan mucho en estructuras de tenencia, inversión y fondos.

Offshore ya no significa secreto ni libre de impuestos: los beneficiarios finales se comunican a las autoridades, los datos de las cuentas se intercambian en virtud del CRS y FATCA, las normas de sustancia económica se aplican a las actividades relevantes y los países de los propietarios gravan los beneficios mediante normas CFC o de sede de dirección. Los bancos aceptan estas sociedades cuando la estructura tiene una finalidad clara.

Varias jurisdicciones de baja tributación tienen normas formales de sustancia económica para las sociedades que realizan determinadas actividades, como la tenencia de participaciones, la financiación o la propiedad intelectual, y en otros lugares los convenios y las normas antielusión examinan la misma cuestión: ¿se dirige realmente la sociedad desde donde dice?

La sustancia también importa para la banca. Una sociedad con administradores locales que toman las decisiones, una contabilidad adecuada y un negocio acorde con su ubicación abre cuentas con más facilidad que un registro sin nada detrás. Al elegir una jurisdicción, planifique la sustancia que realmente puede aportar.

La mayoría de los países, entre ellos Portugal, España, Chipre y México, gravan a sus residentes por su renta mundial. La doble imposición se corrige mediante convenios fiscales o deducciones unilaterales, y algunos países suavizan la regla para los recién llegados con regímenes especiales, como el estatus non-dom en Chipre o el régimen Beckham en España.

Estados Unidos grava además a sus ciudadanos por su renta mundial dondequiera que vivan, algo poco habitual. El modelo opuesto es la tributación territorial, que solo grava los ingresos de fuente local.

La mayoría de los países gravan a sus residentes por su renta mundial. Los sistemas territoriales solo gravan lo que se gana en el país: Hong Kong grava los beneficios generados en Hong Kong o derivados de allí, y Paraguay grava a las personas solo por sus ingresos de fuente paraguaya. Georgia exime los ingresos de fuente extranjera de sus residentes.

Territorial no significa libre de impuestos. La fuente de los ingresos se determina por dónde se realiza el trabajo y se dirige el negocio, no por dónde está la cuenta bancaria, y su anterior país de residencia puede seguir gravándole hasta que lo haya dejado correctamente. Consulte a especialistas en ambos países antes de contar con ello.

Los umbrales varían: Grecia pide EUR 3,500 netos al mes, el visado D8 de Portugal EUR 3,680 al mes en 2026, el Nomad Residence Permit de Malta unos ingresos brutos desde EUR 42,000 al año y España el 200% de su salario mínimo mensual, con importes adicionales por familiar.

Vivir en un país con un permiso así puede convertirle en residente fiscal allí, y algunos ofrecen un trato especial: Malta grava los ingresos de los nómadas al 0% durante los primeros 12 meses y al 10% después. Los permisos suelen excluir o limitar el trabajo para clientes locales; España permite a los autónomos hasta un 20% de clientes españoles.